La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) asegura que un mando del cuerpo cometió una falta grave al difundir datos médicos protegidos de varios agentes a través de correos electrónicos.
La asociación presentó el pasado 23 de diciembre una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos alegando una posible infracción por parte de Tomás García Gazapo, entonces teniente coronel jefe de la Comandancia y hoy coronel de la Escuela de Tráfico de Mérida.
Según consta en la denuncia, el entonces teniente coronel “ordenó enviar a diferentes unidades de la provincia de Badajoz las limitaciones psicofísicas que padecían una serie de agentes, sin guardar las medidas de confidencialidad necesarias en relación a estos datos personales”.
El 1 de septiembre, la Agencia Española de Protección de Datos inició el procedimiento de declaración de infracción de las Administraciones Públicas, previa solicitud de información a la Dirección General de la Guardia Civil”. Hasta que finalmente resolvió que los hechos denunciados suponen una infracción grave, al vulnerar el artículo 44.3.d. de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
La AUGC asegura que el mando de la Guardia Civil comunicó las citaciones del servicio médico a través del correo electrónico corporativo, incluyendo las limitaciones psicofísicas de agentes bajo su mando. “Dicha difusión se hizo a todas las dependencias oficiales de la Guardia Civil en la provincia de Badajoz, sin ningún tipo de restricción y sin el consentimiento de los afectados”.
Tras la citada vulneración, la AUGC explica que algunos agentes afectados podrían tener derecho a solicitar indemnización por la violación de su intimidad, “al haberse aireado datos médicos relativos a las incapacidades psicofísicas”.
“Estos hechos pudieron haberse evitado, si se hubieran citado a los afectados de manera individual y sin intermediarios. O de haberlo hecho a través del correo corporativo no tenían que haber plasmado datos médicos no necesarios de los agentes”, manifesta la AUGC.
Desde esta Asociación Unificada de Guardias Civiles solicitan que sea el responsable que ordenó el envío de los datos el que tenga que hacer frente a posibles indemnizaciones, y no la Administración como responsable civil subsidiaria.
Desde es colectivo aseguran que se pedirá formalmente por escrito a la Dirección General de la Guardia Civil la apertura de un expediente disciplinario por una conducta que consideran “reprochable”.
Fuente: hoy.es
