La Agencia de Protección de Datos (apde) encargada del Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) está haciendo desde el lunes de la semana pasada una auditoría de protección de datos sobre los datos con que trabaja el Departament d’Economia, según ha explicado hoy el secretario de Hisenda, Lluís Salvadó.
Esta inspección se está realizando a petición de la conselleriadespués de que trascendió las declaraciones del que era senador de ERC Santi Vidal asegurando que el Govern disponía de manera ilegal de los datos fiscales de los catalanes.
Salvadó ha explicado que el objetivo de la inspección es “defender la honorabilidad” de los funcionarios del departamento y tranquilizarlos demostrando que no se está haciendo un uso fraudulento de la información. La previsión es que la auditoría esté acabada en el plazo de un mes.
Fuente: elnacional.cat
La Autoridad Catalana de Protección de Datos ha empezado a auditar a la Generalitat por la polémica generada por el exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró que el Govern había obtenido ilegalmente datos fiscales de los catalanes, algo que el ejecutivo catalán negó desde un primer momento.
En un encuentro con periodistas, el secretario del Govern, Lluís Salvadó, ha explicado que el lunes de la semana pasada tres personas de este ente empezaron a elaborar una auditoría para comprobar si el Govern ha obtenido o no datos fiscales de forma ilegal.
Salvadó ha asegurado que este organismo tiene un mes de plazo para hacer esta labor de inspección, que afectará a organismos como la Agencia Tributaria de Cataluña o al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
Las bases de datos de la Generalitat están almacenadas en centros ubicados en Bellaterra y en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
A raíz de la polémica creada por las declaraciones de Vidal, el Govern solicitó esta auditoría para que no hubiera sospechas acerca de la legalidad de sus actuaciones, y Salvadó ha reiterado este martes que está abierto también a cualquier inspección que quiera hacer la Agencia Española de Protección de Datos.
Según consta en la ley de creación de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, “el director o directora” del organismo es elegido por una mayoría de tres quintas partes del Parlament, y a propuesta del Consejo Asesor de Protección de Datos, de entre personas con experiencia en materia de protección de datos.
Salvadó ha defendido la exhaustividad y profesionalidad del trabajo que realiza este organismo y ha añadido que, por el momento, el personal enviado por la Autoridad Catalana de Protección de Datos “está un poco decepcionado por lo que se está encontrando”, en el sentido de que no está hallando ningún tipo de irregularidades.
El secretario de Hacienda del Govern ha asegurado que en los últimos meses la Generalitat simplemente ha llevado a cabo un importante cribado de información duplicada o errónea de sus bases de datos, con el fin de ganar eficiencia en los impuestos que tiene atribuidos.
En esta línea, ha explicado que el Govern ha eliminado 5,33 millones de registros de contribuyentes de sus bases de datos, porque le aparecían datos de contribuyentes con errores en los apellidos, por ejemplo, o bien 8,82 millones de datos de direcciones con información errónea.
De esta forma, la Generalitat reivindica que gana en eficiencia a la hora de enviar notificaciones a los contribuyentes en los impuestos que gestiona.
Asimismo, la Generalitat ha puesto en marcha herramientas basadas en el llamado ‘Big Data’ para ayudarle a ser más efectiva en el control del fraude.
Un ejemplo de ello es cruzar datos de los que ya dispone la Generalitat, como la autoliquidación de la tasa turística, con ofertas en webs de reservas de alojamientos turísticos, para comprobar si ese anunciante paga o no este tributo.
Por otra parte, Salvadó ha insistido en que la Generalitat simplemente utiliza información fiscal sobre la que tiene competencias o bien bases de datos que tiene derecho a usar en el marco de sus competencias.
Así, ha explicado que la Generalitat tiene almacenado en su sistema informático datos catastrales y cartográficos del catastro, información facilitada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o bien otros datos aportados por los notarios.
Fuente: levante-emv.com
El problema surge cuando el dimitido senador de ERC Santi Vidal había dicho que existía una lista ilegal.
Lluís ha explicado que el procedimiento tendrá un mes de duración y ha sido a petición de la Generalitat: “Si quiere que venga la Agencia Española de Protección de Datos y que nos audite, no tenemos nada que esconder”.
Ha añadido que “no entra dentro del mundo real” que alguien pueda piratear los datos fiscales estatales, ya que están brutalmente protegidos, en sus palabras, igual que los de la Generalitat, ha remachado, asegurando que el Ejecutivo catalán no ha hecho ni hará nada para lo que no tenga competencias.
En un artículo de ‘El País’, que incluye varios vídeos de conferencias que ha dado últimamente sobre el proceso soberanista, el juez dice a los asistentes a un foro en noviembre: “En este momento el Govern de la Generalitat de
Catalana tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Eso es legal? Pues no, porque eso está protegido por la Ley de Protección Bases de Datos del Gobierno español”.
Fuente: teinteresa.es
El secretario de Hacienda del Govern ha asegurado que en los últimos meses la Generalitat simplemente ha llevado a cabo un importante cribado de información duplicada o errónea de sus bases de datos, con el fin de ganar eficiencia en los impuestos que tiene atribuidos.
En esta línea, ha explicado que el Govern ha eliminado 5,33 millones de registros de contribuyentes de sus bases de datos, porque le aparecían datos de contribuyentes con errores en los apellidos, por ejemplo, o bien 8,82 millones de datos de direcciones con información errónea.
De esta forma, la Generalitat reivindica que gana en eficiencia a la hora de enviar notificaciones a los contribuyentes en los impuestos que gestiona.
Asimismo, la Generalitat ha puesto en marcha herramientas basadas en el llamado Big Data para ayudarle a ser más efectiva en el control del fraude.
Un ejemplo de ello es cruzar datos de los que ya dispone la Generalitat, como la autoliquidación de la tasa turística, con ofertas en webs de reservas de alojamientos turísticos, para comprobar si ese anunciante paga o no este tributo.
Por otra parte, Salvadó ha insistido en que la Generalitat simplemente utiliza información fiscal sobre la que tiene competencias o bien bases de datos que tiene derecho a usar en el marco de sus competencias.
Así, ha explicado que la Generalitat tiene almacenado en su sistema informático datos catastrales y cartográficos del catastro, información facilitada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o bien otros datos aportados por los notarios.
Fuente: ecodiario.eleconomista.es
MARIA ÀNGELS BARBARÀ Directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos cree que la Administración autonómica puede cruzar datos si los ha obtenido de forma legal y con el objetivo que marca la ley “Comprobaremos si la Generalitat gestiona datos fiscales de forma legal”
Todo esto surge de las polémicas declaraciones de El senador Santiago Vidal de ERC: “Tenemos vuestros datos fiscales de forma ilegal”
Informanado en estas declaraciones grabadas que la Generalitat lleva a cabo actuaciones secretas, algunas ilegales, para preparar a Cataluña de cara a la independencia, el senador republicano ha dicho sin tapujos que la Generalitat ha obtenido ilegalmente los datos tributarios de los ciudadanos catalanes: “La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal”.
La dirección del partido de Oriol Junqueras había guardado un prudente silencio desde que este diario desvelase en la tarde del jueves esa información, pero esta mañana han forzado al juez a que presente la renuncia al acta. El comunicado difundido por Esquerra contiene unas palabras atribuidas a Vidal en las que asegura: “He hecho unas declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico en el proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad”.
Vidal añade que quiere dejar claro que “en ningún momento” ha querido “poner en duda que el actual Gobierno actúa con absoluto respeto a la legalidad vidente”. También asevera que todas las decisiones que adoptará en el futuro el Parlament gozarán de cobertura legal. En otro momento, el juez pide que “no se sobredimensionen” sus palabras y admite abiertamente su error. “Debería haber contrastado mejor las informaciones antes”. El juez ha suspendido también todos los actos en los que tenía previsto participar. La renuncia como portavoz en el senado supone también que deje de formar parte de la Ejecutiva del partido.
La renuncia de Vidal se ha hecho pública justo después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, haya ordenado que se investigue al juez por sus declaraciones. Maza considera que de ser ciertas pueden suponer “una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos”, por lo que ha pedido al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que abra diligencias.
El ministerio público ha tomado esta medida “en defensa de la legalidad, del respeto a las instituciones constitucionales y en tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, según un breve comunicado difundido a los medios de comunicación.
La Fiscalía en Cataluña ha respondido inmediatamente con la apertura de esas diligencias. El ministerio público hace referencia a los extractos de algunas de esas charlas. “De confirmarse, podrían suponer la comisión de diversos hechos delictivos”, sostiene. En concreto, sobre la afirmación de que el Gobierno catalán ha obtenido de forma ilegal los datos tributarios de los ciudadanos, apunta que podría ser un “delito de descubrimiento y revelación de secretos”.
Asimismo, sobre “la elaboración de trabajos de campo o dossiers relativos a la afinidad ideológica del colectivo de Jueces y Magistrados”, podría tratarse de un delito de revelación de secretos en su modalidad agravada. “Todo ello sin descartar la eventual relevancia jurídico-penal que puedan gozar otras conductas”, como la afirmación de que la Generalitat mantienen acuerdos con Estados extranjeros, concluye.
Fuente: elpais.com
Como consecuencia La Fiscalía catalana abre una investigación a petición del fiscal general sobre las revelaciones de Santiago Vidal.
El fiscal general del Estado ha ordenado a la Fiscalía de Cataluña que investigue las declaraciones del ex juez y senador Santiago Vidal. Así lo ha comunicado este viernes la Fiscalía General del Estado, precisando que sus palabras, “de ser ciertas, supondrían una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos”.
La orden de Maza va dirigida al Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que este mismo viernes ha abierto unas diligencias “a fin de que investigue los hechos, en defensa de la legalidad, del respeto a las instituciones constitucionales y en tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
“Apoderamiento ilícito de datos reservados”
En concreto, la Fiscalía entiende que “el apoderamiento ilícito de datos reservados de naturaleza fiscal u otra índole por personas no autorizadas supondría la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos de los artículos 197 y/o 415 del Código Penal”,
La Fiscalía también quiere aclarar si es cierto que se elaboraron “trabajos de campo o dossieres, relativos a la afinidad ideológica del colectivo de Jueces y Magistrados ejercientes en el territorio de Cataluña con los postulados del independentismo”, como se desprende de otra de las charlas pronunciadas por Vidal en estos últimos meses en el marco de la campaña en favor del proceso independentista.
De ser veraces las gestiones reveladas, la Fiscalía quiere aclarar si “han empleado datos obtenidos sin la debida autorización de sus titulares, lo cual subsumiría la conducta en la modalidad agravada del delito de Revelación de Secretos previsto y penado en el art. 197 párrafos 2 y 5 del C. P”.
También se podrían derivar responsabilidades penales si se acredita “la posible existencia de acuerdos o entendimientos por funcionarios o autoridades de la Generalitat de Cataluña con Estados extranjeros”, según señala en su comunicado la Fiscalía.
Fuente: elmundo.es
