Denuncia por difamación

Denuncia por difamación
abril 9, 2024| Protección de datos

Introducción

En la era digital, cuando la información se difunde rápidamente a través de diversas plataformas, la difamación como forma de ataque a la reputación y al honor de una persona, se ha vuelto sumamente relevante. En este artículo, exploraremos en detalle el proceso de denuncia por difamación, centrándonos en su tratamiento legal, el proceso de demanda y los posibles daños morales involucrados.

Difamación, ¿o libertad de expresión?

Con la proliferación de los medios digitales, especialmente de las redes sociales, y el anonimato que estas parecen brindar, los límites entre la libertad de expresión y los delitos contra el honor se presentan en ocasiones difusos. Ambas cuestiones quedan recogidas, respectivamente en los artículos 20 y 18.1 del texto constitucional.

El Tribunal Constitucional ha establecido una serie de límites para concretar los perímetros de lo punible en los delitos de injuria y calumnia. Por ello, el Tribunal exige superar un triple test para que la difusión de ideas calumniosas o injuriosas queden amparadas en el legítimo derecho a la libertad de expresión.

En primer lugar, se ha de superar el test de veracidad, es decir, el informador debe atender a su deber de diligencia. En este caso, no prima propiamente la veracidad o no de la información, sino que el informador haya actuado con la diligencia debida en la comunicación de esta.

En segundo lugar, se ha de superar un test de relevancia, referido a si la materia sobre la que versa la información posee o no interés para la formación de la opinión pública. Es decir, si dicha información afecta a cuestiones meramente privadas, o si por el contrario posee relevancia pública. En caso de tratarse de cuestiones meramente privadas estas no quedarían al amparo del mencionado artículo 20.

Por último, se habrá de superar el test de proporcionalidad, que atiende a la forma en la que son expuestas las informaciones. Si a pesar de superar los dos test previos, la forma en la que se difunde la misma comprende una carga ofensiva innecesaria, no quedará amparada en el derecho a la libertad de expresión, y se considerará calumniosa o injuriosa.

Difamación en el Código Penal

La difamación, en términos legales, se define como la acción de divulgar información falsa que perjudica la reputación de una persona. Sin embargo, la difamación no aparece como tal regulada en el Código Penal, sino que es a través del delito de injuria y de calumnia como se regula esta cuestión. Ambos delitos vienen incluidos en el Título XI relativo a los delitos contra el honor del Código.

En primer lugar, respecto al delito de calumnia este, tal y como recoge el artículo 205 del Código Penal supone “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. Si se probara el hecho criminal imputado, el acusado quedaría exento de pena. Asimismo, la pena, se agrava de propagarse con publicidad, por ejemplo, a través de las redes sociales.

Para poder estar ante un delito de calumnias, el hecho imputado debe ser constitutivo de delito y emitido con falso desprecio hacia la verdad, refiriéndose a hechos determinados, concretos e inequívocos. De igual forma, se debe tratar de un delito público, y a de estar atribuido a persona determinada.

Por otro lado, cuando se lo que se produce es una lesión de la dignidad de la persona que menoscaba su fama y atenta contra su propia estimación, estaremos ante un delito de injuria. Solo serán constitutivas de delito aquellas injurias que en virtud de los efectos o de la naturaleza de las mismas sean consideradas graves, configurándose como un delito leve aquellas injurias consideras leves referidas a las personas enunciadas por el artículo 173.2 del Código Penal. El resto de injurias leves, al considerarse de carácter privado, no son punibles.

Tal y como ocurría con el delito de calumnias este queda agravado cuando se produce en un medio público. Asimismo, de probarse la veracidad de las imputaciones el acusado de un delito de injuria quedará exento de responsabilidad. En ambos casos, de cometerse mediando precio, promesa o recompensa se podrá imponer la inhabilitación especial recogida en el Código Penal.

Se podrá presentar denuncia por difamación ante el Juzgado de Instrucción correspondiente o ante las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Al tratarse de una querella criminal se habrá de presentar asistido por abogado y procurador. Exclusivamente podrá perseguirse oficio en los supuestos en los que la injuria o la calumnia se dirija contra un funcionario o autoridad pública sobre hechos relativos al ejercicio de su cargo. Asimismo, de conformidad con los artículos 278 y 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de forma previa a la interposición de la querella se ha de intentar celebrar un acto previo de conciliación entre las partes. Acto de conciliación que habrá de documentarse y adjuntar en la interposición de la querella.

De reconocer el acusado ante el juez la falsedad de las imputaciones y se retracta de las mismas se rebajará la pena. Cabe extinguir la acción penal cuando se produzca el persona del ofendido o su representante legal.

Demanda por Difamación y Daño Moral

Se ha de diferenciar entre la difamación y el daño moral. La primera requiere que los juicios emitidos sobre la persona afectada sean falsos, mientras que en el daño moral basta con que la información vertida le cause un impacto negativo en su integridad moral, psíquica o emocional.

En la pertinente demanda por difamación, se ha de probar la falsedad y el perjuicio de la afirmación vertida, así como que la misma ha sido comunicada a terceros. Asimismo, se ha de poder demostrar el daño moral sufrido a consecuencia de la misma, y como dicho comentario ha afectado de forma negativa en el bienestar personal de la persona. De poderse probar dicho daño moral será posible solicitar la oportuna indemnización.

Se ha de tener en cuenta que en base a la legislación vigente el plazo para presentar una demanda por difamación y daño moral es de un año desde que se tenga conocimiento de la difamación. Se considera práctica habitual el envío de una carta de requerimiento al objeto de solicitar una retractación pública y una compensación por el daño causado, permitiéndose en este caso la solución del conflicto por la vía extrajudicial.

Se ha de aludir igualmente al derecho al olvido recogido en el artículo 94 de la LOPDGD, que asiste a toda persona, en virtud del cual se eliminen los comentarios y publicaciones que pudieran contener información inexacta, inadecuada o no pertinente.

Conclusiones

Como conclusión, cabe mencionar que los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor que asiste a todo individuo son en ocasiones difusos, siendo los Tribunales los que en virtud de la casuística resuelvan sobre esta cuestión, ponderando los intereses en juego.

Con la llegada de la era digital y el anonimato que parecen brindar las redes sociales los delitos de injurias y calumnias han aumentado de forma exponencial. La facilidad de difundir información en línea ha amplificado el alcance y el impacto de estas acusaciones falsas o difamatorias, lo que puede causar daños significativos a la reputación de una persona en cuestión de segundos.

Si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser protegido en cualquier sociedad democrática, no se puede en base a dicha libertad de expresión dañar o difamar a otro de forma injusta. Por ello, la legislación se debe orientar a equilibrar la protección de la reputación individual con el derecho a la libertad de expresión, atendiendo de forma especial a los delitos de injurias y calumnias que ocurran en línea.

 

¡No olvides compartir este artículo!
Suscribete a nuestra Newsletter
error: Content is protected !!