El canal de denuncias Compliance o canal ético es una herramienta fundamental en todas las empresas u organizaciones públicas o privadas para detectar presuntas conductas irregulares, tanto en su marco de actuación interno como externo. Este instrumento funciona como un cauce de comunicación mediante el cual los trabajadores, proveedores, colaboradores u otros terceros, es decir, personal interno y personas externas pero vinculadas a la organización, pueden informar sobre sospechas de actuaciones o comportamientos contrarios a la normativa legal vigente o los principios, normas o políticas internas, reguladas en el código de conducta o en los protocolos internos de las entidades.
Objetivos del canal de denuncias Compliance
Entre los objetivos principales del canal de denuncias destacan los siguientes:
- Prevenir y detectar de forma anticipada actividades irregulares o conductas ilícitas.
- Garantizar la eficacia de las medidas de control interno de la actividad de las empresas y organizaciones, con el objeto de mitigar riesgos derivados de malas prácticas o conductas indebidas.
- Eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica en el supuesto de comisión de un delito por parte de algún miembro de la organización (Art. 31 bis Código Penal), demostrando la correcta y eficiente implantación de una verdadera cultura de Cumplimiento Normativo en la entidad.
- Cumplir con la obligación legal vigente, tanto nacional como internacional, de implantar un canal de denuncias en determinadas materias, como por ejemplo, la obligación en aquellas empresas y organizaciones de implantar medidas de prevención de blanqueo de capitales o medidas de control anti-acoso en los Planes de Igualdad.
- Fomentar un correcto sistema disciplinario, ya que en el caso de que, tras la investigación de los hechos denunciados, se estime que son constitutivos de infracción o incumplimiento de la legislación vigente o de las normas o políticas internas, se procederá a imponer sanciones a los autores de las conductas denunciadas.
- Colaborar con la investigación judicial cuando se produzca un procedimiento penal relativo a la empresa u organización, en el supuesto de que las conductas denunciadas constituyan un delito tipificado en el Código Penal.
