Las demandas por daños y perjuicios son procedimientos legales a través de los cuales una persona o entidad busca obtener una compensación económica por el perjuicio que ha sufrido a causa de las acciones u omisiones de otra persona o entidad. Hay multitud de situaciones en las que pueden presentarse este tipo de demandas, como por ejemplo por difamación, daños morales o incumplimientos contractuales entre otros. Debido a esta diversidad de situaciones el coste de una demanda por daños y perjuicios puede variar significativamente. En general, este tipo de demandas no solo buscan una compensación monetaria por los daños sufridos, sino también sancionar a la parte responsable, y en ciertos casos, prevenir que hechos similares se repitan en un futuro.
A través del siguiente artículo se estudia cómo se calcula la indemnización por responsabilidad patrimonial, mientras se ofrecen toda una serie de ejemplos específicos de demandas por difamación y daño moral, filtraciones y por incumplimiento de contrato y se examinan los costes potenciales que implican cada uno de estos procesos.
¿Cómo se calcula la indemnización por responsabilidad patrimonial?
La indemnización por responsabilidad patrimonial tiene como objetivo compensar los daños que una persona o entidad ha sufrido debido a la acción u omisión de otra. Esta compensación busca restaurar la situación económica o moral del afectado a cómo se encontraba de forma previa a la ocurrencia del daño. Por ello, para calcular la indemnización se deben tener en cuenta una serie de factores.
En primer lugar, se debe determinar si el daño es de carácter material o moral, ya que en el primer caso hablaríamos de un daño patrimonial, mientras que en el segundo estaríamos ante un daño no patrimonial. Se considerarán en este sentido daños materiales a aquellos que afecten de forma directa al patrimonio de una empresa. Estos daños son cuantificables de forma directa al existir documentos que prueban su existencia y valor económico. Por otro lado, los daños morales son aquellos daños que no tienen una cuantificación directa, ya que involucran el sufrimiento emocional y generalmente afectan a la reputación o al honor de la persona. La compensación en estos casos se calcula en base a criterios objetivos como pudiera ser la gravedad del daño o el impacto en la vida de la persona afectada.
En todo caso, para obtener una compensación se deben demostrar los daños sufridos y su cuantía. Por ello, se deben recopilar en el caso de los daños materiales, pruebas que acrediten los gastos o las pérdidas sufridas. En el caso de los daños morales, por otro lado, las pruebas podrán ser más difíciles de establecer, ya que involucran aspectos subjetivos, pero pueden incluir testigos, informes psicológicos o cualquier otro método considerado relevante para probar el daño.
Posteriormente para que exista responsabilidad civil se deben cumplir ciertos requisitos. La responsabilidad civil surge cuando se ha actuado con dolo, es decir, con intención de causa daño o negligencia en virtud del articulo 1902 del Código Civil. En caso de actuar el demandante con dolo o negligencia grave, la indemnización será mayor que en casos de negligencia leve. Para ello, debe existir una relación directa entre la acción u omisión del demandado y el daño sufrido por el demandante. Es decir, debe probarse que el daño es consecuencia directa del daño ilícito. Asimismo, para que proceda una indemnización, el daño debe ser real y estar acreditado.
En este sentido, los tribunales españoles utilizan la jurisprudencia para evaluar casos similares y establecer indemnizaciones acordes a precedentes. Además, existen por ejemplo tablas y baremos, como los que se utilizan en el ámbito de los accidentes de tráfico que ofrecen una guía para la cuantificación de los daños.
¿Qué debe contener una demanda por daños y perjuicios?
Cuando se presenta una demanda por daños y perjuicios en España, resulta fundamental que el escrito cumpla con una estructura formal y que esté conforme a la normativa principal vigente. En este sentido, la norma de referencia es la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y el Código Civil.
En este sentido, el escrito debe dirigirse al Juzgado de Primera Instancia por el turno que corresponda. Asimismo, en el encabezado de la demanda deben identificarse claramente las partes involucradas. El demandante debe incluir su nombre completo, dirección, DNI o NIF, y el mismo nivel de detalle se requiere respecto al demandando.
A continuación, se debe realizar una exposición clara y detallada de los hechos que motivan la demanda. En este sentido, deben describirse las declaraciones difamatorias a las que se refiera el demandado especificando la fecha, así como el medio utilizado y cómo dichas declaraciones afectan a la reputación y el honor del demandante. Es recomendable adjuntar pruebas documentales en este apartado como capturas de pantalla o copias de publicaciones en las que se corrobore el impacto de las declaraciones. Además, se debe incluir tanto una descripción de los daños morales sufridos como el daño a la imagen pública.
Posteriormente, se deben esgrimir el conjunto de bases legales que sustenten la demanda. En el caso de la difamación, se debe acudir al articulo 1902 del Código Civil, que establece la obligación de reparar. El daño causado por acciones u omisiones culpables resulta fundamental. Igualmente, el propio artículo 18 de la Constitución Española, protege el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Si por ejemplo se trata de una demanda por responsabilidad civil de quienes incumplen sus obligaciones contractuales se habrá de acudir al artículo 1101 del Código Civil que es el que trata esta cuestión. En este apartado se debe incluir igualmente jurisprudencia que siente precedente de casos anteriores.
También, se deben especificar las cantidades económicas que se reclamen en concepto de daños y perjuicios. En el caso de difamación y daño moral, se debe solicitar una indemnización que compense el sufrimiento emocional y los efectos negativos en la reputación del demandante. Además, se pueden reclamar gastos derivados de la situación, como los honorarios de abogados. A continuación, se redacta el suplico, en el que el demandante solicita de forma formal al juez que admita la demanda y condene al demandado a pagar la cantidad solicitada en concepto de daños y perjuicios. Puede en este sentido solicitar la publicación de rectificaciones en los mismos medios en los que se realizaron las declaraciones difamatorias. Finalmente, se debe pedir que las costas del proceso sean impuestas al demandado.
Por último, la demanda debe cerrarse con la firma del demandante o de su abogado y la fecha de presentación.
Demanda por daños y perjuicios
Las demandas por daños y perjuicios constituyen un recurso legal fundamental para proteger a las personas afectadas por la negligencia, el incumplimiento contractual o los actos difamatorios de terceros. A través de este procedimiento las víctimas son compensadas por los daños patrimoniales sufridos y por aquellos daños extrapatrimoniales como el daño reputacional que hubieran podido sufrir.
Asimismo, el cálculo de la indemnización dependerá de múltiples factores, como la gravedad del daño, la naturaleza del perjuicio (patrimonial o moral), el nexo causal entre el daño y la acción u omisión del demandado, y la existencia de dolo o negligencia. En algunos casos, los tribunales pueden recurrir a la jurisprudencia y a baremos orientativos para cuantificar las indemnizaciones, aunque cada caso se evalúa de forma individualizada. Por ello, la demanda presentada deberá incluir una exposición clara de los hechos, fundamentos de derecho sólidos, así como una cuantificación precisa de los daños que se reclamen. Además, el demandante debe acompañar pruebas documentales que acrediten el daño sufrido, lo que es esencial para que la demanda prospere. Finalmente, es crucial que las demandas se realicen con la asistencia de un abogado para garantizar que el proceso siga todas las formalidades legales necesarias y que se protejan adecuadamente los derechos del demandante.
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