Una brecha de seguridad ocurre cuando información sensible se ve expuesta, robada o accedida por personas no autorizadas que comprometen la confidencialidad. Esto puede suceder por errores humanos, ataques informáticos, fallos técnicos o vulnerabilidades en los sistemas. Las consecuencias pueden ser muy graves: pérdida de datos, problemas legales, sanciones económicas y daño a la reputación de una empresa u organización.
A medida que compartimos más datos en entornos digitales, proteger esa información se ha vuelto esencial. Por eso, normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) obligan a notificar ciertas brechas a las autoridades y, si es necesario, a las personas afectadas.
Brechas de seguridad y el RGPD
El artículo 4.12 del RGPD define una brecha de seguridad como “toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos”. En este concepto se incluyen tanto vulneraciones de carácter accidental como intencionadas. Por tanto, lo determinante no es la causa de la vulneración, sino el impacto en la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos personales.
Por ello, y en virtud de los expuesto en los artículos 5.1.f) y 32 del RGPD los responsables y encargados del tratamiento tendrán la obligación de garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, adoptando para ello medidas técnicas y organizativas apropiadas.
Entre estas medidas se incluyen: la seudonimización y cifrado de datos personales; la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; y la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico.
Asimismo, el principio de responsabilidad proactiva (art. 5.2 del RGPD) exige a los responsables demostrar, en todo momento, que el tratamiento de datos personales cumple con los principios establecidos en el reglamento, incluyendo la seguridad.
En consecuencia, una adecuada gestión de una brecha de seguridad implica una respuesta diligente e inmediata por parte de la organización. Esta respuesta deberá, articularse en torno a un plan de incidentes de seguridad definido de forma previa, en el cual se contemple tanto la dimensio9n técnica como la evaluación de riesgos para los derechos y libertades de las personas afectadas, así como la documentación del incidente y la notificación en su caso a la autoridad de control y a los interesados.
Gestionar adecuadamente una brecha
El incumplimiento de las obligaciones derivadas de una brecha de seguridad puede traer consecuencias significativas. El RGPD establece en este sentido en su artículo 83.5 del RGPD la imposición de sanciones de hasta 20 millones de euros, o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía.
Por ello, las organizaciones no solo deben implantar medidas preventivas eficaces, sino también garantizar que disponen de procedimientos estructurados y auditables para la gestión de posibles incidentes de seguridad, conforme a los principios de diligencia debida, transparencia y responsabilidad.
Gestionar adecuadamente una brecha implica:
- Detectar el incidente lo antes posible.
- Evaluar su impacto.
- Comunicarlo conforme a la normativa.
- Implementar acciones correctivas para evitar que vuelva a ocurrir.
Prevenir una brecha es tan importante como saber cómo actuar si ocurre. La seguridad de los datos ya no es opcional: es una responsabilidad compartida.
Tipos de brechas de datos personales
De acuerdo con la clasificación operativa propuesta por autoridades de protección de datos como el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), las brechas de seguridad que afectan a datos personales pueden agruparse en tres categorías fundamentales, en función del principio comprometido: confidencialidad, integridad o disponibilidad.
Brechas de confidencialidad:
Este tipo de incidente se produce cuando hay un acceso o divulgación no autorizados de datos personales. En otras palabras, cuando personas o entidades distintas del responsable, del encargado del tratamiento o de quienes actúan bajo su autoridad legítima acceden a datos que no deberían conocer.
Brechas de integridad
Se entienden como aquellas violaciones que conllevan la alteración no autorizada de datos personales, afectando su exactitud, autenticidad o fiabilidad. La integridad de los datos es un requisito esencial, ya que decisiones importantes pueden basarse en su veracidad. Aunque estas brechas no impliquen necesariamente un acceso externo, pueden suponer un grave perjuicio si los datos alterados afectan a derechos fundamentales o se utilizan en procesos administrativos, judiciales o financieros.
Brechas de disponibilidad
Consisten en la pérdida, supresión o inaccesibilidad temporal o definitiva de los datos personales, impidiendo su utilización legítima por parte del responsable o de los interesados. Esta categoría compromete la posibilidad de ejercer derechos o de mantener operativas funciones críticas. La indisponibilidad de los datos puede derivar en consecuencias especialmente sensibles en sectores como la sanidad, la justicia o los servicios financieros, donde el acceso oportuno a la información resulta esencial.
Obligaciones frente a la AEPD
Cuando se produce una brecha de seguridad que afecta a datos personales, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece un conjunto de obligaciones específicas que deben ser cumplidas por el responsable del tratamiento. Estas obligaciones están dirigidas a garantizar la transparencia, la responsabilidad proactiva y la protección efectiva de los derechos de las personas afectadas.
En primer lugar, el responsable del tratamiento debe notificar el incidente a la autoridad de control competente, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en un plazo máximo de 72 horas desde el momento en que tenga conocimiento de la brecha, tal como establece el artículo 33 del RGPD. Esta notificación es obligatoria siempre que la brecha pueda suponer un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, y debe incluir información detallada sobre la naturaleza de la violación, las categorías y número aproximado de interesados y de registros afectados, las posibles consecuencias del incidente, y las medidas adoptadas o propuestas para remediarlo.
Además, cuando la brecha de seguridad entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de los afectados, el artículo 34 del RGPD impone la obligación adicional de comunicar el incidente directamente a las personas interesadas, sin dilación indebida. Esta comunicación debe ser clara y accesible, e incluir una descripción de la naturaleza del incidente, las posibles repercusiones para el individuo, así como las acciones adoptadas para mitigar sus efectos y prevenir futuras vulneraciones.
Paralelamente, y con independencia de que la brecha sea notificada a la autoridad o a los interesados, el RGPD exige que todas las violaciones de seguridad sean debidamente documentadas por el responsable del tratamiento. Esta documentación debe contener una descripción exhaustiva de los hechos, sus consecuencias y las medidas correctivas adoptadas, y debe conservarse como parte de las obligaciones generales de cumplimiento y rendición de cuentas que impone el artículo 5.2 del Reglamento.
Ejemplos reales de brechas y consecuencias
Las brechas de seguridad han afectado en los últimos años a todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas, dejando en evidencia la fragilidad de muchos sistemas de protección de datos personales. En varios casos, se han producido accesos no autorizados a bases de datos que contenían información sensible como historiales médicos, documentos de identidad o datos financieros, que posteriormente han sido filtrados o utilizados con fines delictivos.
Algunas brechas han sido resultado de ataques maliciosos, como ransomware o técnicas de ingeniería social, mientras que otras se han originado por fallos internos, como el uso de credenciales desactualizadas o la ausencia de controles de seguridad adecuados. En numerosos incidentes, la información expuesta afectó a miles de personas y generó investigaciones por parte de las autoridades de protección de datos, además de una notable pérdida de confianza por parte de los usuarios.
En sectores como el comercio electrónico o los servicios públicos, estos eventos han supuesto la interrupción de actividades críticas, el pago de sanciones y la obligación de reformular por completo las estrategias de ciberseguridad. Estos ejemplos demuestran que ninguna entidad está exenta de sufrir una brecha, y que la prevención, junto con una respuesta ágil y conforme a la normativa, es esencial para minimizar sus efectos.
La gestión adecuada de las brechas de seguridad constituye un elemento esencial dentro del marco de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Estas violaciones, que pueden afectar a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos personales, representan no solo una amenaza para la privacidad de los individuos, sino también un riesgo legal y reputacional significativo para las organizaciones.
El RGPD impone una serie de obligaciones claras a los responsables del tratamiento, desde la adopción de medidas técnicas y organizativas para prevenir incidentes, hasta la notificación a las autoridades y, en su caso, a los afectados. El principio de responsabilidad proactiva obliga a las entidades a anticiparse a los riesgos y a demostrar, en todo momento, su diligencia en el tratamiento de datos personales.
Invertir en formación, prevención y respuesta ante incidentes no es solo una obligación legal, sino una garantía de confianza frente a clientes, usuarios y ciudadanos. Solo a través de un enfoque integral y sostenido es posible reducir los riesgos, mitigar las consecuencias y proteger uno de los activos más valiosos de la era digital: la información personal.
En Grupo Adaptalia, somos especialistas en protección de datos y cumplimiento normativo. Ayudamos a empresas y organismos públicos a prevenir, gestionar y notificar brechas de seguridad, garantizando el cumplimiento del RGPD y la tranquilidad frente a posibles incidentes.
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