
La prevención del blanqueo de capitales en corredores de seguros exige conocer al cliente, valorar los riesgos de las operaciones y aplicar medidas adecuadas para detectar posibles actividades relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Las obligaciones dependen de la actividad desarrollada y de las características de la correduría. Por ello, es necesario determinar primero si las operaciones intermediadas están sujetas a la normativa y, después, concretar las medidas de diligencia debida, información, conservación documental y control interno que corresponden.
La colaboración con las aseguradoras facilita determinadas comprobaciones, pero no sustituye automáticamente las responsabilidades que la normativa atribuye al corredor.
Corredores de seguros sujetos a la normativa
El artículo 2.1.b de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo incluye a los corredores de seguros cuando actúan en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones reglamentarias aplicables.
Por tanto, no debe afirmarse que cualquier actividad de intermediación en seguros genera las mismas obligaciones. Es necesario revisar los productos comercializados y las operaciones en las que interviene la correduría.
También conviene distinguir entre la condición de sujeto obligado y las excepciones a determinadas medidas de control interno. Una correduría de reducida dimensión puede beneficiarse de algunas excepciones y seguir siendo uno de los sujetos obligados en prevención del blanqueo de capitales.
Obligaciones de prevención del blanqueo de capitales
Las obligaciones operativas permiten conocer a las personas que intervienen, comprender el propósito de la contratación y detectar situaciones que requieran un análisis adicional.
Las medidas de diligencia debida deben aplicarse conforme al riesgo y a las condiciones previstas legalmente. Su cumplimiento no se limita a recopilar documentos: también exige valorar la información y actuar ante las incoherencias.
Identificación del cliente y del titular real
La correduría debe identificar al cliente y comprobar su identidad mediante los medios admitidos por la normativa. Cuando intervenga un representante, también debe verificarse su identidad y la representación que ejerce.
Además, debe determinarse si el cliente actúa por cuenta propia o ajena e identificar al titular real cuando corresponda. En personas jurídicas, esto exige analizar quién posee o controla la entidad conforme a los criterios legales.
En los seguros de vida deben atenderse también las reglas específicas sobre identificación de los beneficiarios y el momento en que procede verificar su identidad.
La documentación debe permitir acreditar las comprobaciones realizadas, evitando expedientes incompletos o información que no se corresponda con quienes intervienen realmente.
Evaluación del riesgo y propósito de la relación
Es necesario conocer para qué se contrata el producto y valorar su coherencia con el perfil del cliente.
La clasificación del riesgo debe considerar conjuntamente aspectos como:
- Las características del cliente y su actividad económica.
- El producto contratado y sus posibilidades de rescate.
- La cuantía y frecuencia de las aportaciones.
- La procedencia de los fondos, cuando corresponda comprobarla.
- La intervención de terceros.
- Los países o áreas geográficas relacionados con la operación.
- La condición de persona con responsabilidad pública.
- El canal utilizado para contratar.
Un formulario KYC, del inglés Know Your Customer o «conoce a tu cliente», puede ayudar a organizar esta información. Sin embargo, cumplimentarlo no sustituye la valoración del riesgo ni justifica automáticamente la aceptación del cliente.
Tampoco debe asignarse el nivel de riesgo únicamente por la nacionalidad ni considerar que todos los seguros de vida presentan las mismas características.
Seguimiento de las operaciones
La diligencia debida continúa después de la contratación. Debe comprobarse que las operaciones sean coherentes con la información disponible sobre el cliente y actualizarse la documentación cuando resulte necesario.
Las aportaciones extraordinarias, los cambios de beneficiario o los rescates pueden requerir una revisión adicional según sus circunstancias.
Por ejemplo, una aportación elevada que no encaja con la actividad económica conocida del cliente puede justificar la solicitud de información sobre su origen. Del mismo modo, un rescate anticipado sin explicación económica aparente puede requerir un análisis más detallado.
La relación de confianza con el cliente no elimina la obligación de revisar las incidencias que aparezcan durante la vida de la póliza.
Examen especial y comunicación al Sepblac
Cuando se detecten hechos u operaciones que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, debe realizarse el examen especial que corresponda y dejar constancia de sus resultados.
Entre las señales que pueden justificar una revisión se encuentran:
- Aportaciones incompatibles con la información conocida del cliente.
- Pagos de terceros cuya intervención no está justificada.
- Rescates anticipados o instrucciones de cobro sin una explicación coherente.
- Cambios de beneficiario difíciles de justificar.
- Resistencia a facilitar documentación necesaria.
Estas circunstancias no demuestran por sí solas un delito. Su relevancia debe valorarse atendiendo al conjunto de la operación.
Si tras el examen existe indicio o certeza de vinculación con el blanqueo o la financiación del terrorismo, procede la comunicación al Sepblac. La gestión de una operación sospechosa debe respetar también las reglas de abstención de ejecución y la prohibición de revelar al cliente o a terceros que se está realizando un examen o una comunicación, en los términos legales.
La comunicación por indicio no debe confundirse con la comunicación sistemática. El Reglamento exceptúa a los corredores de seguros de esta última obligación, sin eliminar el deber de comunicar por indicio cuando corresponda.
Conservación de la documentación
La documentación exigida por la normativa debe conservarse durante diez años, tomando como referencia la terminación de la relación de negocio o la ejecución de la operación, según corresponda.
El expediente debe permitir acreditar la identificación, las operaciones y las comprobaciones realizadas. Debe incluir la documentación y los registros necesarios para reconstruir la relación y justificar las decisiones adoptadas.
La conservación exige garantizar la integridad de los documentos, su localización y el acceso por las personas autorizadas. Transcurridos cinco años, se aplican las restricciones legales de acceso.
Este deber de conservación no permite reutilizar la información para cualquier finalidad ajena a la prevención del blanqueo de capitales.
Medidas de control interno y excepciones
Las medidas de control interno establecen cómo se organiza la correduría para cumplir sus obligaciones. Su aplicación debe determinarse conforme al Reglamento de la Ley 10/2010.
No basta con clasificar a una correduría como «pequeña» o «grande»: cada obligación puede tener condiciones y excepciones específicas.
Procedimientos y manual de prevención
Cuando resulten exigibles, deben aprobarse procedimientos escritos y un manual que describan las medidas adoptadas.
Estos documentos deben adaptarse a la actividad real e indicar cómo se identifican los clientes, cómo se clasifican los riesgos, quién analiza las alertas y cómo se conserva la información.
Los procedimientos de control interno deben apoyarse en el análisis de riesgo exigible y mantenerse actualizados ante cambios relevantes en los productos, los canales o la operativa.
Un manual genérico no sustituye la implantación efectiva de los controles ni la comprobación de su funcionamiento.
Representante ante el Sepblac y órgano de control
Debe determinarse si corresponde designar y comunicar un representante ante el Sepblac, así como establecer un órgano de control interno.
Son exigencias diferentes y están sujetas a sus propios requisitos. En determinados supuestos, las funciones del órgano de control interno pueden ser desempeñadas por el representante, sin necesidad de constituir un órgano separado.
La correduría debe definir quién recibe las incidencias, quién adopta las decisiones y cómo se gestionan las comunicaciones, evitando que la responsabilidad quede indeterminada.
Examen externo y formación
Cuando sea obligatorio, las medidas de control interno deben someterse al examen de un experto externo conforme al régimen legal aplicable.
Su finalidad es revisar las medidas existentes, valorar su eficacia y proponer las correcciones o mejoras necesarias. El examen externo no sustituye la supervisión interna ni la obligación de resolver las deficiencias detectadas.
La formación también debe ajustarse a las funciones desempeñadas. Quienes intervienen en la contratación y el seguimiento necesitan reconocer señales de alerta y conocer el procedimiento para comunicarlas internamente.
La existencia de una excepción al plan anual de formación no debe interpretarse como ausencia de toda exigencia de capacitación.
Excepciones según la dimensión de la correduría
El Reglamento contempla excepciones a determinadas obligaciones de control interno para corredores que, incluyendo a los agentes, ocupen a menos de diez personas y no superen los límites económicos reglamentarios de dos millones de euros.
Para aplicar esta excepción deben comprobarse tanto la cifra de negocios como el balance general anual: superar cualquiera de los límites económicos impide acogerse a ella. También debe revisarse la pertenencia a un grupo empresarial que supere las cifras correspondientes.
Por su parte, la excepción a la constitución de un órgano de control interno tiene otros umbrales: menos de cincuenta personas, incluidos los agentes, y los límites económicos de diez millones de euros, con las condiciones reglamentarias aplicables.
El examen externo cuenta, además, con excepciones específicas, entre ellas las previstas para empresarios o profesionales individuales.
Estas excepciones no eliminan la condición de sujeto obligado ni dispensan de cumplir toda la normativa. Debe comprobarse, obligación por obligación, qué régimen corresponde a la correduría.
Coordinación con las aseguradoras
La correduría y la aseguradora pueden compartir formularios, documentación y procedimientos para formalizar las pólizas y realizar determinadas comprobaciones.
Esta coordinación resulta útil, pero utilizar los formularios de la aseguradora no acredita por sí solo el cumplimiento del corredor. Es necesario comprobar que se obtiene información suficiente y que puede accederse a ella cuando sea necesario.
Cuando se recurra a terceros para aplicar determinadas medidas de diligencia debida, deben respetarse los requisitos legales correspondientes. La colaboración no implica un traslado automático de responsabilidad.
Tampoco debe presumirse que el riesgo desaparece porque la prima se abone directamente a la aseguradora. Aunque esa circunstancia puede ser relevante para valorar la operativa, el corredor sigue pudiendo detectar incoherencias durante la contratación o el seguimiento.
Para organizar esta relación, conviene delimitar:
- Qué documentación obtiene y verifica cada parte.
- Cómo se intercambia y conserva la información.
- Quién analiza las incidencias detectadas.
- Cómo se trasladan las alertas y se documentan las actuaciones.
- Qué comprobaciones debe realizar la correduría por sus propias obligaciones.
El objetivo es evitar tanto la duplicación innecesaria de tareas como la existencia de comprobaciones que ninguna de las partes haya asumido.
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